GOTA A GOTA

La semana pasada un reportaje de la Revista Cambio reveló la dimensión del mercado de crédito informal en Colombia: ocho de cada diez créditos son informales. Nada más indicativo de la realidad nacional que un problema que expresa tanto las falencias de la economía formal para incluir a toda la población dentro de un capitalismo democrático como los problemas de valores y conductas de los colombianos.

Puede que en términos de volumen total de recursos del sector financiero, los créditos informales no constituyan una porción tan alta de la asignación de préstamos. Pero el hecho de que el mayor número de transacciones crediticias no sean producto de instituciones financieras reguladas por el Estado, es una advertencia que la economía formal del país presenta graves fallas en cuanto a su democratización. El crédito, una de las partes fundamentales del capitalismo moderno, es un servicio de lujo.

En teoría una banca democrática cumple la función de captar los ahorros de la sociedad para que su clase empresarial pueda financiar la producción económica. A cambio de utilizar esos recursos los empresarios pagan unos intereses que incluyen las pérdidas de los préstamos no recuperados. Una banca eficiente debe evitar los préstamos a empresarios que no estén en condiciones de pagar porque encarece el crédito a quienes sí están comprometidos en ampliar el sector productivo nacional.

La decisión de no pagar un crédito puede obedecer a que el empresario simplemente no tiene cómo hacerlo -por quiebra o iliquidez- o a que por razones éticas decide no cumplir sus deudas. Los bancos deben entonces identificar las probabilidades de pago de los empresarios para evitar que la plata de los ahorradores se diluya. Existen tres mecanismos básicos para garantizar que los clientes cumplan sus compromisos: activos físicos, fiadores e historial crediticio.

El problema en Colombia es que un 80% de los clientes de préstamos no cuentan ni con activos ni con fiadores ni con historial de crédito para acceder a la banca formal. Deben buscar créditos en el sector informal que cuenta con otro mecanismo para garantizar los pagos: la disuasión armada. La violencia se convierte así en un medio alternativo para lograr que los potenciales clientes acudan al sistema sólo cuando están seguros de poder pagar, y de paso, evitan que muchos individuos pobres de ética decidan eludir sus compromisos crediticios. En otras palabras, el sistema bancario informal es un caso más donde la violencia se convierte en un mecanismo efectivo de regulación económica para aquella población que no puede ser atendida por el sector formal debido a sus barreras estructurales (falta de activos, conocimientos de las transacciones, etc).

Lo más grave es que la mayoría de esos clientes son capaces de pagar las tasas de usura del sector informal. Los famosos sistemas de ‘gota a gota’, pese a su brutalidad e infamia, cumplen una función importante al permitir a muchos empresarios de bajos recursos y nula liquidez sobrevivir en medio de riesgosas transacciones. Sin importar los problemas de estos sistemas económicos los individuos cumplen sus obligaciones.

La gran pregunta es: ¿cumplirían estos mismos individuos sus obligaciones si no existiera una amenaza violenta? Si fuera así los bancos no tendrían mayores problemas para atenderlos. Quizá este ejemplo sea una advertencia de los problemas éticos que afronta la sociedad colombiana y que deberíamos reconocer si quisiéramos en verdad modernizar nuestra sociedad.

Mi opinion:

Todos sabemos que el sistema gota a gota se ha convertido en uno de los mecanismos de credito informal mas famoso de nuestro pais ya que muchas personas recurren a el por falta de dinero, y aunque su taza de interes es muy elevada las personas prefieren pagar el doble o mas del dinero pedido en prestamo que pagar con una taza de interes muy baja a una entidad bancaria. Esto se presenta por que desde el principio no tienen el conocimiento sufiente sobre el funcionamiento de este sistema que puede terminar con su vida.

No estoy de acuerdo con este sistema informal ya que abusa de las personas mas que todo de escasos recurzos y tiene a muchas otras personas en la quiebra con la amenaza de que si nó pagan pueden estar en peligro sus vidas y las de sus familias.

Si estoy de acuerdo con el presidente Uribe Al decir que este sistema se tiene que acabar; y a mi opinion por medio de este metodo de credito facil se pueden cometer graves crimenes como el lavado de activos.

UN APLAUSO

Un aplauso. Está muy bien que por fin los más altos representantes del Estado empiecen a reconocer lo que desde hace decenios un general tras otro, un ministro de Defensa tras otro, un presidente tras otro, han negado en redondo: que las Fuerzas Armadas cometen excesos. Torturas. Detenciones que terminan en la desaparición de los detenidos. Ejecuciones extrajudiciales. Crímenes de guerra. Hay que felicitar al presidente Uribe, al ministro Santos, al general Padilla, por su decisión de pasar a retiro a tres generales y siete coroneles (y otros tres más hace ocho días), más una docena de oficiales y suboficiales de menor rango, por los infames "falsos positivos" con decenas de muertos denunciados en las últimas semanas.

Está muy bien que se empiece a limpiar el Ejército (y la Policía, y el DAS), y ya iba siendo hora: sólo falta un año para que venza la reserva de siete que establecieron al alimón el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, blindando al Estado colombiano frente a las responsabilidades por crímenes de guerra durante el tiempo que según su cálculo optimista tomaría derrotar a la subversión en Colombia.

Está muy bien que los crímenes se reconozcan. Y que se acepte por primera vez que no se trata de actos aislados de "elementos descorregidos", de "manzanas podridas", de "ovejas negras" que no entrañan responsabilidad institucional ni política de sus superiores, sino que, por el contrario, la comprometen tanto por omisión como por acción. Pero la necesaria limpieza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del DAS, de todos los organismos secretos del Estado, habrá que repetirla una y otra vez, indefinidamente, mientras no cambien de verdad las convicciones profundas de los militares que hacen la guerra y de los civiles que la ordenan desde el poder político. La convicción profunda, reforzada además por el adiestramiento y el ejemplo recibidos de los Estados Unidos, de que todo vale en la guerra contra la subversión, hoy llamada narcoterrorista; ayer, comunista; antier, bandolera. De que valen el asesinato y la tortura, la desaparición forzada, la expulsión, porque el enemigo no merece respeto.

Todo vale porque la vida no vale nada. La de los demás: esos, literalmente, desechables que constituyen el grueso del pueblo colombiano (y que hay que distinguir, claro, de los llamados "colombianos de bien"). Los desechables se pueden desechar. Usar y tirar. Eliminar cuando ya no sirven. Intercambiar. Pueden ser usados indiferentemente como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios de la mafia o como mensajeros de moto o como desempleados o como subempleados o como reinsertados o como votantes cautivos o como víctimas de los "falsos positivos militares". Su vida real no importa, salvo desde el ángulo de la estadística. Por eso puede el coronel Plazas Vega, aquel que "defendía la democracia, maestro", decir que los cadáveres de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia están donde no están, y tiene que salir Medicina Legal a desmentirlo. Ah, ¿eran otros muertos? Da lo mismo.

Para saber si los pases a retiro de unos cuantos oficiales significan que de verdad está cambiando esa convicción profunda de que hablo hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenas. Pues la desaparición forzada, que trabajosamente fue por fin tipificada como delito en el año 2000, no ha tenido en los siete años transcurridos desde entonces ningún acusado, ningún procesado, ningún condenado, pese a que sigue afectando a unas quinientas personas cada año. Y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, firmada por el gobierno de Colombia en septiembre de 2007, no ha sido ratificada todavía. Y en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Víctimas, el gobierno y sus parlamentarios leales se rehúsan obstinadamente a reconocer como víctimas del conflicto (y a reconocer que hay conflicto) a las que lo hayan sido de los agentes del Estado: soldados, policías, detectives del DAS. Como si no existieran.

Todavía falta, pues. Y no sólo porque la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha interminable que nunca se puede dar por ganada del todo, sino porque el reconocimiento hecho esta semana por los más altos representantes del Estado sobre sus culpas parece insuficiente todavía, apenas de labios para afuera. Así, al presidente Álvaro Uribe se le escaparon dos expresiones reveladoras al hacerlo. Una fue la de que los desaparecidos habían sido "ajusticiados" por el Ejército. La otra, la de que con sus masacres, de Guaitarilla a Soacha, los militares "nos hacen quedar mal". "¿''Ajusticiados" los asesinados? ¿Y simplemente "queda mal" quien secuestra a alguien para matarlo y presentar su cadáver como un "positivo"? En los dos casos, las palabras del Presidente se quedaron algo cortas.

Pero bueno: es un comienzo. Que sigan por ahí. Y, de nuevo, un aplauso.

Mi Opinion:

Como lo dice el articulo por fin los altos mandos del gobierno han decidido contar la realidad sobre las masacres y la corrupcion que actualmente vive el pais. Y aunque para que esto hubiece pasado tuvieron que pasar muchos gobiernos, y la renuncia de muchos Altos mandos de las diferentes fuerzas de nuestro pais que velan por la "justicia" y la "seguridad" de nuestro pais, por fin se dio el primer paso que fue aceptar que en colombia se estan violando los derechos humanos y ademas muchos mandatarios (alcaldes, gobernadores y ministros) lo sabian y nunca denunciaron nada.

En realidad me alegra lo que el presidente Uribe hizo sacando la verdad a la luz y pues por algo se tiene que empezar.